La moratoria sigue vigente

• La moratoria 24.476 es aquella que al día de hoy se encuentra vigente tanto para los hombres como para las mujeres, es por tiempo indeterminado. Quiere decir que la misma no vence.

El requisito es que la mujer tenga 60 años y el hombre 65 años de edad o más. Hay que aclarar, que dicha moratoria tiene como principal objetivo completar o adquirir los años necesarios de aportes para jubilarse.

Ojo, dicha Ley tiene una trampa, solo permite adquirir años de aportes hasta Septiembre de 1993, quiere decir, que depende la edad y la fecha de la salida de la Argentina, la persona se puede jubilar!

Vamos con un  ejemplo:

Mujer con 70 años de edad:

Fecha de nacimiento 28/01/1947,

Cumple los 18 años de edad el 28/01/1965.

Años que puede adquirir con moratoria Ley 24.476 : 28 años y 9 meses. Quiere decir que si vivió en la Argentina hasta 1991, se puede jubilar.

• Moratoria Ley 26.970, solo vigente para las mujeres hasta cumplir la edad de los 65 años.Si usted se pregunta, solo porque para las mujeres? Es sencillo, El gobierno actual creo el beneficio de PUAM, que incluye a toda persona que tenga la edad de los 65 años, (es por ello que solo a las mujeres hasta cumplir dicha edad)Esta moratoria, tiene un beneficio, que los años a adquirir son hasta Diciembre del 2003, quiere decir, que la mujeres puede adquirir años de aportes hasta 2003Aclaremos, que la persona, para acceder a la moratoria debe ser mujeres y tener menos de 65 años de edad, y haber vivido en la Argentina hasta el año necesario que puede ser máximo 2003 inclusive.

  Vamos con un ejemplo:

  Mujer de 62 años

  Fecha de nacimiento: 28/01/1955: edad 62 años

  Fecha en que cumple los 18 años de edad: 28/01/1973.

  Vivio en la Argentina hasta 2001, quiere decir que la cantidad de años que puede adquirir por moratoria son de: 28 años y 11 meses., persona que tiene derecho a jubilarse

Queremos dejar aclarado, las moratorias siguen están vigentes, no fueron derogadas, debe consultar cada persona en particular, brindado su fecha de nacimiento, y su fecha de la primer salida de la Argentina.

La Primera Mandataria anunció “el envío al parlamento nacional, de un proyecto de ley de una nueva moratoria para jubilados”. Sostuvo que con esta medida “se va a dar la universalización del sistema previsional argentino”.

Indicó que “la primera moratoria la lanzó el presidente Kirchner en 2005”. Sostuvo que hasta ese entonces, las sucesivas políticas económicas “habían dejado de cada diez personas en condiciones de jubilarse, la mitad afuera”. Destacó que “esta moratoria no solo redujo la pobreza y la indigencia entre los mayores, sino que también logró equidad de género, ya que el 73% de las que lograron jubilarse son mujeres”.

Para derribar algunos mitos sobre quienes accedieron a la jubilación, Cristina Fernández destacó que “la mayoría de la gente había hecho aportes, hay un promedio de 12,7 de años aportados”. Y se preguntó: “¿Sería justo que perdieran los 12 años de aportes, quedaran en la vía? Y además así contribuyen a sostener el sistema, porque hacen su aporte”.

Indicó que los que menos pudieron acceder a la jubilación fueron los tres deciles mas pobres de la sociedad. Remarcó que la “clase media argentina fue la mas beneficiada, y sin embargo por ahí es la que más se queja”. “Han mejorado todos, incluso los de mayor poder adquisitivo”, subrayó.

La Presidenta sostuvo que “el anterior corte, el de la primera moratoria, tomó como fecha de corte el año 1993”. Pero indicó que “entre 1993 y 2003 fue la década donde se registraron los índices de desocupación más altos”. “Pensamos que esto va a beneficiar a 473 mil personas que no están incluidas”, recalcó.

Comentó que “el proyecto de ley enviado al parlamento atenderá a los sectores de mayor vulnerabilidad social”, ya que la anterior moratoria, al ser abierta, permitió jubilar a “gente que por los ingresos de su familia no lo necesitaba”. “El Anses va a controlar esto, para que quien accede sea justo y equitativo”, subrayó.

Además, la Jefa de Estado aclaró que “la cuota no va a ser fija, para que el sistema no se desfinancie” y comentó que la “cuota se actualizará por la misma movilidad jubilatoria”. “De esta manera se hace un sistema que tenga sustentabilidad, y que se cumpla el sueño de Eva Perón”, remarcó.

Para mayor información sobre el proyecto de moratoria previsional, haga click aqu

La Corte Suprema, en un caso piloto, ratificó el derecho de una pensionada italiana a seguir cobrando su haber en la Argentina en euros, prestación que quedará así exceptuada del cepo cambiario.

El amparo había sido iniciado por Josefina Castellano, una mujer que ahora tiene 73 años y que venía cobrando una pensión por el fallecimiento de su marido (un veterano de guerra) hasta que el banco se la comenzó a pagar en pesos y el cálculo se había hecho al tipo de cambio oficial. La mujer pretendía cobrar en divisas.

En agosto pasado, la Cámara Federal de La Plata decidió que la pensión que recibe Castellano es de carácter alimentario y se paga con dinero del erario de un Estado extranjero, por lo cual no debe estar alcanzada por el cepo. El Banco Central, disconforme con la medida, presentó un recurso extraordinario, pero la Corte Suprema lo rechazó.

Por eso, este fallo es una clara señal de esperanza para miles de jubilados. Durante este año, varios jueces y tribunales habían dictado fallos favorables al pago en moneda extranjera, pero el caso Castellano es el primero que llegó a la Corte y, ahora, quedó resuelto en favor de la pensionada.

Desde el punto de vista técnico, el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti resolvió que el recurso que presentó el BCRA “es inadmisible”, pero al resolverlo así dejó firme el fallo de la Cámara.

El año pasado, las personas que cobran prestaciones previsionales originadas en otros países (unas 40.000, según datos oficiales) quedaron afectadas por los efectos del cepo cambiario.

En rigor, los jubilados y pensionados de Italia, España y otros Estados cobran haberes que, en la mayoría de los casos, oscilan entre 300 y 500 euros al mes. Ese dinero, cuando llegaba a la Argentina, ya pasaba antes por el mercado de cambios y se transformaba en pesos. Sin embargo, lo usual era que al momento de cobrar los beneficiarios optaran por hacerlo en la moneda de origen de la prestación. Con el cepo, al quedar anulada la posibilidad de comprar divisas con fines de ahorro, los bancos se vieron obligados a abonar sólo en pesos y al tipo de cambio oficial.

Castellano planteó que las comunicaciones 5318 y 5330 del BCRA son inconstitucionales y pidió que la Cámara dictara una medida cautelar contra su aplicación. La jubilada también afirmó que usaba el dinero que recibía del gobierno de Italia para viajar a Europa a visitar a su hijo, que vive allí, y ayudarlo económicamente.

El fallo de la Cámara Federal de La Plata, cuando le dio la razón a Castellano, desarrolló argumentos muy claros.

El tribunal afirmó que “no parece razonable que, con invocación de aquella legislación que establece restricciones cambiarias, se prive a una pensionada de percibir regularmente su beneficio en la moneda de origen que deposita un Estado extranjero”.

Para ese tribunal, había que tener en cuenta el “carácter alimentario” del beneficio que percibe la amparista -sin importar que se trate de una pensión militar o de otra prestación, aclaró el fallo-, la “edad” y la “cuantía de la pensión”.

Además, el tribunal de segunda instancia había advertido que la Argentina, en noviembre de 1981, suscribió con Italia un Convenio de Seguridad Social y un protocolo anexo, que fueron aprobados por la ley 22.861, de 1983, donde se estableció que “los trabajadores que tengan derechos a prestaciones de seguridad social por parte de uno de los dos Estados contratantes” recibirán ese monto “íntegramente y sin ninguna limitación o restricción, cualquiera sea el lugar de residencia”.

La C.S.J.N. ha expresado recientemente que “… La ley 22.731, que asegura el derecho a percibir los haberes mensuales de acuerdo con una proporción del sueldo asignado al cargo de mayor jerarquía ejercido en actividad … ha sido reafirmada por el art. 1° de la ley 24.019, con la única excepción de que los montos móviles de los beneficios debían ser del 70% por el lapso de cinco años a partir de su promulgación…” y que “… los beneficios establecidos para los funcionarios superiores del servicio exterior de la Nación han quedado sustraídos del ámbito de las referidas leyes 24.241 y 24.463 y han conservado la movilidad que es propia de la ley 22.731, por constituir un estatuto específico y autónomo…”, “resultando de aplicación los fundamentos concordes que dieron sustento a la decisión de este Tribunal en el caso ‘Gemelli, Esther Noemí’ fallado el 28 de julio de 2005 …” afirmando asimismo que “…la ley de solidaridad previsional vino sólo a reformar el sistema establecido por la ley 24.241, sin afectar a otros regímenes especiales y autónomos que se mantienen plenamente vigentes…”, “criterio se ve convalidado, además, por la sanción de la ley 25.668 y el Dec. 2322/02” (cfr. C.S.J.N., sent. del 09.08.05, “Siri, Ricardo Juan”).

Requisitos

Servicios:

25 años de servicios universitarios docentes, de los cuales diez (10) años como mínimo continuo o discontinuo deben ser al frente de alumnos. Ambos extremos deben cumplirse para acceder a la jubilación ordinaria.

Cuando no puedan acreditarse períodos completos del lapso exigido de servicios universitarios, los mismos serán considerados servicios comunes a los efectos del haber de la prestación, rigiéndose por el régimen previsional general vigente.

Edad:

Mujeres: 60 años
Varones: 65 años

En ambos casos, ante la intimación del empleador los docentes universitarios podrán optar por permanecer en la actividad laboral durante cinco (5) años más después de los sesenta y cinco (65) años.

Importante: la opción a que alude el párrafo anterior podrá ser ejercida, asimismo, por los docentes universitarios con dedicación exclusiva, plena o de tiempo completo que hayan realizado directamente y con continuidad tareas de investigación, en cuyo caso, la prestación será otorgada conforme las disposiciones de la Ley N° 22.929 y el Decreto N° 160/05.

Cese: el último cese de actividad laboral debe registrarse en la docencia universitaria.

Movilidad: se aplicará la movilidad con ajuste al índice que determinará la Secretaría de Seguridad Social en los meses de marzo y septiembre de cada año.

Acreditación de servicios: Para la acreditación tanto de los servicios docentes como del cese, resultará prueba suficiente la constancia que de los mismos extiendan los funcionarios designados por las autoridades universitarias competentes.